Desde el bipartidismo régimen presidencial

Dos proyectos sobre régimen parlamentario serán radicados este lunes en el Congreso. o harán los senadores Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo, para quienes es hora de comenzar a discutir un nuevo sistema político.
Mientras Cristo, codirector del Partido Liberal, propone un sistema exclusivamente parlamentario, Pardo, liberal uribista, recomienda uno semiparlamentario.

Según Cristo, el régimen parlamentario se diferencia del presidencial en varios aspectos: por ejemplo, las calidades de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno son ostentadas por personas distintas. Al primero, se le asignan funciones protocolarias y el Jefe de Gobierno tendría a su cargo la dirección de todos los aspectos de la administración pública.

"Este dignatario es un líder surgido del partido de coalición que haya conseguido la mayoría en el Congreso. Además, en este régimen político, el Ejecutivo está integrado por él y por un gabinete cuyos miembros provienen del partido o la coalición mayoritaria, los cuales, por lo general, también son miembros del Congreso. En otras palabras, la mayoría parlamentaria es al mismo tiempo la rama Ejecutiva", sostiene Cristo.

Por su parte, Pardo propone un régimen semiparlamentario en el que el Presidente escoja al Jefe de Gobierno, pero su designación debe ser aprobada por el Congreso.

"Proponemos la elección directa y simultánea del Presidente y del Congreso, con el fin de que se consoliden las mayorías parlamentarias que faciliten la gobernabilidad.

La responsabilidad en el Parlamento radicaría en que, por un lado, una vez nombrado por el Presidente, el Primer Ministro debe tener una moción de aprobación del Congreso en pleno para su posesión. El Presidente podría remover en cualquier momento de su cargo al Primer Ministro", explica.

Para Pardo, el Presidente sería el Jefe de Estado, quien mantendría las atribuciones en materia de relaciones exteriores, defensa nacional, orden público, justicia y declaratoria de los estados de excepción. "Las demás serían delegadas a un Primer Ministro designado por el Jefe de Estado. El Primer Ministro podría o no ser congresista".

Ambos senadores proponen que el cambio de régimen se haga por medio de una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que tendría 35 miembros y sesionaría por cerca de tres meses. Los delegatarios de la Constituyente serían elegidos por votación directa, de listas únicas cerradas que presenten los partidos o movimientos políticos, que se escrutaría mediante el sistema de cifra repartidora.

En su proyecto, Pardo pide consagrarle a la Constituyente una delimitación de competencias frente a la elección del Presidente, a las atribuciones que se le podrán delegar al Primer Ministro y a la forma en que este designaría su gabinete.

Para comenzar en firme la discusión sobre el cambio de sistema político, la Comisión Primera del Senado tiene previsto realizar el 9 de septiembre una audiencia pública. Seguidamente, el 14 de septiembre, se iniciaría la discusión de la ponencia de estos proyectos.

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el tema del momento en nuestro estado colombiano:

PRESIDENCIALISMO VERSUS PARLAMENTARISMO

El señor ex presidente Alfonso López Michelsen ha desatado una interesante controversia con su bien argumentada tesis sobre la conveniencia de implantar en Colombia el sistema parlamentario que rige en buena parte de los estados europeos.

El tema, sin duda, ofrece toda suerte de especulaciones y argumentos en pro y en contra. Como es obvio, el proponer el sistema parlamentario la dialéctica se consagra a sustentar la conveniencia del mismo, sus grandes ventajas y la posibilidad de que estas fueran utilizadas en nuestro país. Pero poco se habla de su viabilidad.

Todo sistema político, para que sea estable y asegure continuidad al funcionamiento del Estado, debe consultar, entre otros, dos puntos fundamentales: la idiosincrasia del pueblo que se gobierna y la realidad de su acontecer político basado en la historia. Las presentes reflexiones buscan establecer un análisis dual de los sistemas propuestos, fundamentado en esos dos criterios gobernantes.

Históricamente, los países iberoamericanos transitaron bruscamente del autoritarismo borbónico a una democracia teórica, tomada de la Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, a diferencia de la democracia norteamericana, resultante de una larga evolución experimentada en Inglaterra desde la Carta Magna impuesta por los caballeros feudales a Juan sin Tierra en 1215. Este soberano detestado había entrado a gobernar en ausencia de su hermano Ricardo Corazón de León, ausente en las Cruzadas. En ese documento, origen de la democracia occidental, se otorgaba a los ingleses garantías tanto individuales como de orden político, y con la creación del Gran Consejo del Reino se vigilaba la aplicación de la Carta, origen del parlamento inglés que ya en 1265 contaba con la Cámara de los Comunes o Cámara Baja y la de los Lores integrada por los caballeros y obispos del Consejo.

Cuando los peregrinos del Mayflower desembarcaron en las costas de América, trajeron consigo esta noción democrática nacida tres siglos atrás y afianzada ahora en las tierras vírgenes de América que invitaban a la libertad. Sin embargo, no calcaron el sistema parlamentario. Sus descendientes, al obtener la libertad de la metrópoli, decidieron que para la patria naciente formada por colonias semiautónomas, se requería la fuerza unificadora de un presidente, que lo fue su propio libertador, el general George Washington. La nación sería federalista. Pero, para mantenerla cohesionada y firme, se erigió un ejecutivo fuerte en la cabeza de un mandatario que sostuviera la unidad como lo consiguió Abraham Lincoln frente a la rebelión secesionista de los Estados sureños.

La América española, en cambio, desembocaba a la vida independiente sin tradición democrática. Catorce años de guerra sustituyeron al despotismo monárquico por ensayos de repúblicas caudillistas en cabeza de los libertadores, pero carentes de osatura político-jurídica que diera vida a democracias auténticas. Un mérito que ni los más encarnizados enemigos del general Santander pueden negarle, fue el de haber hecho de Colombia una república de leyes que pervive hasta hoy.

El subconsciente monárquico subsiste en Colombia. Se expresa en los delfines que heredan de sus progenitores prestigio y nombradía hasta llevarlos a la candidatura presidencial cuando no al propio solio de Bolívar. Y con él una significativa dicotomía entre tendencias anarquizantes de hacer la propia gana por encima del bien común y de la ley, frente al clamor por la autoridad cuando el desgobierno amenaza la estabilidad del sistema y su gobernabilidad.

Esta idiosincrasia contradictoria tiene su mejor expresión en el Congreso, institución que en las encuestas registra el más bajo nivel de prestigio y reconocimiento ciudadano. Y en la actualidad, en los partidos políticos que atraviesan su más profunda crisis histórica. De todo lo cual surge una pregunta: ¿será viable el sistema parlamentario en un país sin partidos y con un Congreso en el que pocos creen, incluyendo a sus propios integrantes? Sin esas dos bases, partidos fuertes sustentados en idearios políticos bien diseñados y Parlamento responsable, consciente de sus elevadas funciones y responsabilidades, el sistema propuesto no pasa de ser una hermosa teoría con mínimas posibilidades de llevarla a la práctica.

Nuestras similitudes filosóficas y políticas con Francia son quizá más notables que con España. En esta, el sistema parlamentario sucedió a la monarquía y a la dictadura, porque a la sombra del autoritarismo cesarista surgieron los dos partidos que lo hacen posible, cuya presencia en las Cortes garantiza la estabilidad del sistema.

Con un rey, además, que encarna la autoridad presidencial de otras latitudes. En cambio, aún sobrecoge el recuerdo de los 183 días que siguieron a la caída en Francia del premier Mendes France, cuando el parlamento no pudo elegir sucesor, por el agudo fraccionamiento de sus innúmeras corrientes partidistas. Se necesitó al general De Gaulle, para que con su inmenso prestigio y mediante una serie de referéndum instituyera la Cuarta República, más presidencial que parlamentaria.