El Gobierno deroga la ley que permite enviar a Ibarretxe a la cárcel si convoca el referéndum

EFE. Madrid.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el grupo parlamentario socialista presentará en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para derogar la reforma del Código Penal, que tipifica como delito la convocatoria ilegal de referendos y procesos electorales. Esta información ya la adelantó El Confidencial el pasado 25 de junio.

Zapatero respondió así en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PNV Josu Erkoreka sobre sus planes para reformar el Código Penal e impedir que un dirigente político pueda ser condenado por convocar un referéndum sin los requisitos legales. El presidente de Gobierno ratificó "plenamente" su opinión respecto a dicha reforma, que nuevamente calificó de "desafortunada, superflua e inapropiada" además de "poco respetuosa" en la forma con "el funcionamiento normal del Parlamento".

Zapatero se mostró "plenamente convencido" de que a esta iniciativa del grupo socialista "se van a sumar un número importante de grupos de la Cámara y confío -dijo dirigiéndose al diputado del PNV- que el grupo que usted representa también lo haga". El presidente del Ejecutivo insistió en que este compromiso ya "lo expresamos con rotundidad en esta Cámara, ante la opinión pública, en la campaña electoral, en el discurso de investidura y lo ratifico plenamente".

La derogación es urgente

Por su parte, el diputado del PNV subrayó que, a su juicio, la derogación es urgente "no para salvar a tal o cuál presidente democrático si no para salvar la democracia misma, las libertades, la libertad ideológica, el pluralismo político y las esencias de la voluntad popular".

El diputado también se refirió en su intervención ante la Cámara a cómo esa reforma, impulsada por el PP a finales del pasado año, fue una decisión "convulsa" que utilizó un "cauce poco ortodoxo" y cómo el Partido Popular aprobó sólo con sus votos "una reforma que instituía el delito político y volvía a criminalizar la discrepancia ideológica".

Erkoreka también recordó que el actual ministro de Justicia y entonces portavoz del grupo socialista, Juan Fernando López Aguilar, situaba aquella medida del Derecho Penal en "la caza del hombre" y "usted mismo -dijo- la consideró un despropósito que rompía las mínimas reglas del juego democrático". El diputado recordó que el hoy ministro de Justicia se comprometió en aquella ocasión a "promover la derogación de la reforma en el actual período de sesiones" y justificó la presentación de la pregunta en que no veían que el actual Gobierno diera a este tema "la prioridad que merecía".

La reforma del Código Penal, que entró en vigor a finales del pasado año, tipifica como delito la convocatoria ilegal de referendos y procesos electorales y la financiación pública a partidos ilegalizados por su relación con el terrorismo.

Penas de tres a cinco años

Así, el Código Penal establece que la autoridad o funcionario que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convoque procesos electorales o consultas populares por vía del referéndum será castigado con penas de prisión de tres a cinco años y con inhabilitación absoluta por un tiempo superior en tres a cinco años a la pena impuesta. La reforma también prevé penas de uno a tres años de cárcel para quien, sin convocar el proceso electoral o el referéndum ilegal, "facilite, promueva o asegure" su celebración".

Esta reforma fue impulsada por el grupo parlamentario del PP en el Senado que aprovechó la tramitación de la Ley de Arbitraje para introducir vía enmienda esta modificación, que afectaría a la consulta popular prevista en la propuesta de Estatuto político del País Vasco del lehendakari, Juan José Ibarretxe. Todos los grupos parlamentarios del Senado, salvo el PP, denunciaron, en su momento, que la reforma se hubiese tramitado a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje y consideraron que era innecesaria y suponía judicializar una cuestión política.

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(26-09-04) Imaz pide la movilización nacionalista para lograr una mayoría que permita aprobar el Plan Ibarretxe

El PNV ha celebrado el día del partido con un marcado tono electoral. En mayo se celebrarán las elecciones autonómicas y su objetivo es conseguir una mayoría absoluta nacionalista que permita sacar adelante el plan secesionista de Ibarretxe. Con ese propósito, Imaz ha hecho un llamamiento a las bases peneuvistas para que se movilicen. El lehendakari insiste: "Los vascos vamos a decidir nuestro futuro porque queremos decidir y no nos lo va a impedir nadie".

L D (EFE) En su primer discurso como presidente del PNV en el “Día del partido”, celebrado en la localidad alavesa de Foronda, Josu Jon Imaz hizo un llamamiento a la movilización de las bases de su partido para que en las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo, los nacionalistas logren la mayoría absoluta que permita aprobar el plan Ibarretxe en el Parlamento vasco.

Imaz secundó el pulso del lehendakari al agregar que "los vascos sólo aceptaremos participar en un proyecto de Estado en el que podamos participar desde nuestra libre decisión; nunca aceptaremos una Constitución española que no nos reconozca este derecho".

El líder del PNV se dirigió a Zapatero, "ahora que se abre una reforma constitucional", para advertirle de que "los vascos sólo aceptaremos participar en un proyecto de Estado en el que podamos participar desde nuestra libre decisión; nunca aceptaremos una Constitución española que no nos reconozca este derecho".

Volvió a defender el plan secesionista del Gobierno vasco y su determinación de ascarlo adelante aunque auguró que desde la oposición "van a tratar que no lo consigamos en esta primera fase", en referencia a la votación prevista en el Parlamento para el mes de diciembre próximo, y "si este otoño tenemos 36 parlamentarios y nos hacen falta 38, iremos a conseguirlos" en las elecciones autonómicas previstas para mayo del próximo año.

Ibarretxe también intervino en la misma línea en la que lo hizo el viernes en el inicio del curso político en la Cámara de Vitoria. Mantuvo su propósito de convocar un referéndum de autodeterminación: "los vascos vamos a decir nuestro futuro porque queremos decidir, y no nos lo va impedir nadie", aunque pidió que no se tenga prisa en conseguir los objetivos, porque "la única manera de no llegar a la cima es querer llegar a ella antes de tiempo".

En el estrado donde estaban los oradores, invitados y miembros de la dirección del PNV había una silla para el ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz, que quedó vacía.

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Madrazo asegura que EB podría votar a favor del plan Ibarretxe «para que pueda llegar a las Cortes»

DV Y AGENCIAS./BILBAO

El coordinador general de EB y consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, manifestó ayer que su formación podría votar a favor del plan Ibarretxe, aunque no se llegue a un acuerdo sobre sus enmiendas en el debate parlamentario, con el fin de que la propuesta se tramite «hacia el Congreso». Además, abogó porque la discusión sobre una reforma estatutaria «profunda» continúe durante la próxima legislatura, al considerar que se trata de «la gran asignatura pendiente».

En una entrevista en Radio Euskadi, Madrazo manifestó que, si en el debate sobre el plan se produce «una aproximación en los temas sustanciales» de sus enmiendas, su propuesta de federalismo de libre adhesión «se subsumirá en la que apruebe el Parlamento o que defienda el tripar-tito». No obstante, dijo que considera que esta posibilidad «es difícil» y precisó que, si no se produce esa «aproximación», su formación puede «valorar incluso el voto favorable como manera de que la propuesta siga adelante, se tramite hacia el Congreso y no quede bloqueada en el Parlamento Vasco, y en él se logre el consenso que no se logró en el Parlamento».

Ello supondría, según precisó, que su partido mantendría su propuesta. El líder de EB señaló que, si no se produce un acuerdo «ni siquiera mínimo», su partido no votaría a favor de la iniciativa del lehendakari. «Lamentablemente, el PP, PSE y Batasuna se han autoexcluido del debate, no ha presentado nada en el Parlamento Vasco y siguen formando el 'bloque del no'», subrayó.

En su opinión, estos tres partidos «tendrán que examinarse de eso en las próximas elecciones» y apuntó que este debate no acabará en diciembre, «sino que continuará en la próxima legislatura porque el objetivo no es lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas que apoyamos al Gobierno, sino lograr una acuerdo entre todas las fuerzas que amplíe el acuerdo logrado en torno al Estatuto».

Para el líder de EB, «una reforma profunda» del Estatuto «requiere de tiempo de maduración», por lo que tendrá que seguir en la próxima legislatura. «Yo espero que las posiciones de otros partidos también vayan modulándose y flexibilizándose, en orden a lograr ese consenso que parece que todavía no hay condiciones para lograrlo en esta recta final», añadió. Madrazo, que se mostró favorable a que se reedite en la próxima legislatura la actual fórmula del tripartito con el logro de una mayoría absoluta, manifestó que EB pone como condiciones «que haya un acuerdo definitivo sobre el marco de convivencia».

Por su lado, el socialista Rodolfo Ares, dijo que Madrazo «se ha quitado la careta al afirmar que propiciará que el plan Ibarretxe llegue a las Cortes Generales». Añadió, que ello demuestra que «esta absolutamente maniatado y supeditado» a Ibarretxe y al PNV.

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AGRESIONES BATASUNAS EN BARCELONA

Un grupo de ocho encapuchados irrumpió ayer a las 13.00 h. en las dependencias de la Facultad de Filosofía en donde se hallaba el profesor Francisco Caja impartiendo sus clases, inundando de pasquines y pintadas las paredes de la Facultad en donde se podía leer:

Francisco Caja, enemic de Catalunya, enemic del català, fora feixistes de la Universitat, y en donde se le acusaba de ser el principal promotor de les denuncies contra els Reglaments d,ús del català a la URV i UPF y de ser l.impulsor de les visites de reconeguts feixistes anti-catalans a la universitat com Alejo Vidal-Cuadras, Fernando Savater o Gotzone Mora.

A continuación se dirigieron al despacho del citado profesor, clausurando el acceso al mismo, mediante tablas claveteadas, sellando la cerradura y realizando las mismas pintadas, que volvieron a repitir en el exterior de la Facultad.

Una vez más, los enemigos de la libertad, cuyo anonimato encubre escasamente su identidad (no es la primera vez que se producen estos hechos en la UB), han vuelto a interrumpir la normalidad democrática en las aulas universitarias.

Que un ciudadano sea amenazado y coaccionado por el mero hecho de ejercer el derecho de tutela judicial efectiva muestra la grave situación política que vive la ciudadanía en Cataluña. Convivencia Cívica Catalana apela a la solidaridad ciudadana y exige de las autoridades publicas, incluidas las universitarias, que impidan y remedien estos hechos, restableciendo la legalidad y la vigencia efectiva de las libertades en la universidad catalana.

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Los islamistas planeaban atentar contra la Audiencia Nacional en el aniversario del 11-M

Intentaron comprar explosivos a través de un español de etnia gitana, apodado «El Pelao», vinculado con el tráfico de hachís Pretendían acabar con la vida de los jueces Garzón y Del Olmo y destruir los sumarios sobre terrorismo islámico

La «célula» islamista desarticulada en la madrugada de ayer se proponía «volar» la Audiencia Nacional en la próxima primavera, probablemente coincidiendo con el primer aniversario de la masacre del 11-M, según han asegurado fuentes de la investigación. Con ese atentado perseguían, además de un gran efecto mediático, acabar con los jueces que investigan las tramas del terrorismo islámico y destruir los sumarios que se encuentran en curso. De acuerdo con los datos recabados, los presuntos terroristas detenidos habían programado hacerse con los explosivos en medios relacionados con la delincuencia común y aguardaban, para ultimar los preparativos, la salida de prisión de varios integrantes de la «célula» aún recluidos.

Josefa Rodríguez

Madrid- Los terroristas islamistas se plantearon también, según las mismas fuentes, atentar contra el Tribunal Supremo, pero finalmente decidieron centrar su objetivo en la Audiencia Nacional, para hacerla «volar» mediante un camión cargado con 1.000 kilos de explosivos. Manejaban dos posibilidades, o bien estrellarlo contra la puerta situada en la calle Génova, separada sólo de la calzada por la acera y por la que entran todos los visitantes que acuden a diario a ese tribunal, o bien estrellar el camión contra la puerta del garaje, situada en la calle Orellana, por la que entran los coches y furgones policiales en los que se traslada a los detenidos.

Las citadas fuentes han destacado que el hecho de elegir la Audiencia Nacional como objetivo final obedecía a varias razones. En primer lugar, el hecho de que ese edificio, pegado a la acera, no cuenta con ningún perímetro de seguridad. En segundo lugar, la posibilidad de acabar con la vida de los jueces y fiscales que investigan las tramas del terrorismo islamista en España, con los magistrados Baltasar Garzón y Juan del Olmo a la cabeza.

La intención de los terroristas sería, además de atentar contra esos jueces y destruir las investigaciones en curso, conseguir un gran golpe mediático que, previsiblemente, dados los tiempos que manejaban, coincidiría con el primer aniversario de la masacre del 11-M.
Las fuentes consultadas aseguran que los datos de la investigación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, hacen sospechar que los terroristas que iban a participar en el atentado estaban dispuestos a suicidarse. La operación estaba perfectamente diseñada, en espera de que salieran de prisión algunos presos islamistas que cumplen condena por delitos comunes y que se incorporarían a la «célula» una vez que consiguieran la libertad.

Los arrestados no tenían aún en su poder explosivos, pero sí habían intentado adquirirlos, a través de un camionero español de etnia gitana, apodado «El Pelao» y vinculado con el tráfico de hachís, quien desconfíó de los compradores. Según las fuentes consultadas, de la investigación no se desprende indicio alguno de conexiones con ETA.

Los datos que dieron origen a esta investigación fueron facilitados por un testigo protegido judicial, que puso a la Policía y al juez Garzón sobre la pista que llevaba a esta «célula», tejida entre delincuentes comunes que fueron captados durante su estancia en prisión.
Durante varios meses fueron intervenidas la correspondencia y las comunicaciones telefónicas entre los implicados y se logró establecer que el «líder» de ese grupo era un ciudadano argelino, Mohamed Achraf, detenido a finales de septiembre en Suiza. Achraf habría intentado hacerse con explosivos, aunque la operación fracasó.

Tal como adelantó ayer LA RAZÓN, este terrorista huyó de España a principios de ese mes, cuando fue detectada su presencia mientras reclutaba extremistas islámicos en la zona de la La Mojonera, en Almería, con el fin de llevar a cabo un atentado contra la zona conocida como «el triángulo judicial» en el que está situada la Audiencia Nacional.

En la operación, que continuaba abierta ayer, fueron detenidos, en las provincias de Almería, Valencia, Málaga, Madrid y Navarra ocho presuntos terroristas islamitas, entre ellos Smail Latrech, un argelino arrestado en La Mojonera, una población cercana a El Ejido, en la provincia de Almería. Latrech está considerado un confidente del Centro Nacional de Inteligencia y tenía en su poder abundante documentación, según aseguraron fuentes de la investigación. Entre la tarde del lunes y la mañana se produjeron otras siete detenciones. Mourad Yala, alias «Abu Anas», fue arrestado en la localidad almeriense de Cabañuelas, donde regentaba un locutorio. En su domicilio fueron intervenidos dos ordenadores por- táctiles, una CPU, una impresora y diversos útiles para la falsificación. Junto a él fue detenido un hombre indocumentado, al parecer también argelino y conocido como «Mehdi», que llevaba un pasaporte holandés a nombre de Abdol Gaffar Hasemi.. También en Almería fue arrestado el marroquí Majad Machmacha, en cuyos domicilios se intervino diversa correspondencia. En Málaga fue detenido el argelino Djamel Merabet, en cuyo poder fueron hallados manuales para convertirse en mártires, tarjetas de teléfonos, agendas telefónicas y resguardos de ingresos bancarios. En Gandía, Alicante, la Policía detuvo a otro individuo indocumentado conocido como «Jelloul», que se hacía llamar Ali Omar. En Madrid, fue arrestado Ahmed Mohamed Ahmed, nacido en Ceuta y en cuyo poder fueron hallados varios CDs, teléfonos móviles, anotaciones de teléfonos y diversa correspondencia. Por último, en Navarra, fue detenido el argelino Majad Sahouane. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, confirmó ayer en el Congreso que los ocho detenidos «estaban ideando atentados terroristas» contra, presumiblemente, «la Audiencia Na- cional u algún otro órgano judicial», tal como informó ayer LA RAZÓN. El ministro enmarcó esta operación en «la tarea de prevención general del Estado en la lucha contra el terrorismo».

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Blanco apoya el término extra constitucional "nación catalana"

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Blanco aseguró que está de acuerdo con Zapatero en cuanto al posible uso del término "nación catalana" en vez de "nacionalidad catalana", por considerar que son prácticamente sinónimos.

19 de octubre. En la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE celebrada ayer --a la que no asistió el secretario general del partido y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por compromisos gubernamentales--, no se debatió "oficialmente" acerca de la polémica sobre si debe emplearse el término "nación catalana" --defendido por los socios del tripartito- o "nacionalidades" al que se refiere el artículo 2 de la Constitución, pero sí lo mencionó algún que otro miembro de la dirección del partido durante la reunión, afirmando que en lenguaje "puramente político" se trata de términos ambiguos que deben ser aclarados.

Y debido a estos comentarios --y a la polémica que suscita el tema--, al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, no le quedó más remedio que referirse a ello durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, afirmando que su opinión --sin aclarar cuál es exactamente y evitando en todo momento "mojarse"--respecto al concepto de "nación catalana" es la misma y "no difiere", "como siempre" ocurre con otros temas, de la ofrecida recientemente por Rodríguez Zapatero, refiriéndose a las declaraciones aparecidas el pasado domingo en El País, en las que el presidente del Gobierno asegura que el término "nación catalana" no le produce "preocupación ni rechazo" ya que no ve diferencias reales entre éste y el de "nacionalidades". "¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y nación?", se preguntó Rodríguez Zapatero en dicha entrevista.

Diferencias que sí parece tener clara el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ya se ha pronunciado –-bastante airado y exigiendo que no se pretenda con estos juegos semánticos hacer una reforma que signifique una España "a dos velocidades"-- asegurando que el término "nación catalana", incluido en el primer guión del futuro Estatuto de Autonomía de Cataluña, es un término "moderno" que no responde a una "realidad histórica". Según Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tanto esa comunidad como el País Vasco "nunca" han sido una nación.

Está claro que el PSOE "necesita" complacer a sus "socios" preferentes, en particular a ERC, y éstos "exigen" ciertas prebendas nacionalistas. Pero también está claro que para incluir dicho término en los Estatutos será necesario hacer cambios en el artículo 2 de la Constitución, algo que necesita el consenso del Partido Popular, y éste ya ha declarado hasta la saciedad que no habrá más cambios que los ya pactados. Por lo que es más que posible que estas declaraciones del presidente no sean más que una de sus muchas estrategias para acallar las críticas de sus socios: él está por la labor pero el PP se lo impide.

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EL PROPIETARIO DE CEGASA APOYA AL PNV

Llegan las elecciones y el separatismo mueve ficha en Álava. En esta ocasión se pretende poner en marcha un nuevo periódico que apoye las tesis separatistas del Plan Ibarretxe.

Como viene siendo norma y costumbre en Álava, el PNV se apoyará en un grupo de empresarios capitaneado por Juan Celaya.

Juan Celaya es el propietario del grupo CEGASA, que todos ustedes conocerán por las "pilas" y linternas que seguramente habrán comprado en numerosas ocasiones. Puede verlas en www.cegasa.es

Contrasta que CEGASA venda sus productos, las famosas pilas, en toda España y utilice ese mismo dinero para financiar al separatismo vasco.

Si usted está pensando seriamente en un posible "boicot" a PILAS CEGASA, debe tener en cuenta que CEGASA ostenta la distribución exclusiva en España de los productos SOLAC, que usted conocerá por sus pequeños electrodomésticos como planchas, cafeteras, etc. Puede verlos en www.solac.com

SOLAC también se encuentra en Vitoria, así que todo queda en casa.

CEGASA era la propietaria de la empresa de internet AreaPC.com, propiedad que pasó a sus ejecutivos por la nada desdeñable cifra de 2,2 millones de euros.

CEGASA factura 200 millones de euros al año. Parte de ese dinero financia los medios de comunicación que apoyan al separatismo vasco.

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Detenidos siete islamistas que planeaban volar la Audiencia y el TS con 1.000 kilos de dinamita

El presunto cerebro del atentado es un miembro del GIA huido a Suiza que fue detectado en julio en Almería mientras reclutaba a la célula Uno de los detenidos es confidente del CNI El brutal ataque lo iba a llevar a cabo un suicida con una furgoneta

En una calculada operación, la Policía detuvo anoche en Almería, Valencia, Málaga y Madrid a siete islamistas relacionados con un plan para volar la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con 1.000 kilos de explosivo. Según fuentes policiales, todos los detenidos son de nacionalidad argelina y marroquí y entre los arrestados hay un confidente del CNI. Los capturados están implicados en una presunta trama para cometer un atentado en la sede de la Audiencia, liderada por un argelino miembro del Grupo Islámico Armado (GIA) huido de España. Actualmente está localizado en Suiza. La operación policial, aún abierta, ha sido dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Juan C. Serrano

Madrid.- La operación, que la Comisaría General de Información venía gestando desde el verano, se produjo simultáneamente en las provincias de Almería, Valencia, Málaga y Madrid con agentes de las respectivas comisarías provinciales. La redada duró hasta entrada la madrugada. Entre los detenidos, que al cierre de esta edición estaban siendo trasladados a Madrid, está el argelino Smail Latrech, al que se le considera un confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fue el primero en ser arrestado en la mañana de ayer en El Ejido (Almería). Junto a él, también fueron capturados en la misma provincia, un indocumentado conocido como «Medí», al parecer también argelino, y Magid Mchamacha, de origen marroquí. En Málaga fue arrestado el argelino Djamel Merabet, conocido como «Abu Anas», en en Gandía (Valencia) fue arrestado Aló Omar «Jelloul» y en Madrid Ahmed Mohamed Ahmed, natural de Ceuta. Los siete están considerados presuntos «activistas islamistas violentos», y según fuentes policiales, están involucrados en una trama cuyo objetivo era hacer volar por los aires el edificio de la Audiencia Nacional y la sede del Tribunal Supremo en Madrid con un cargamento de mil kilos de explosivos. La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, permanecía abierta anoche y las fuentes consultadas no descartaron más detenciones a lo largo de la madrugada y en los próximos días. Los siete arrestados son musulmanes residentes en España y en la mayoría de los casos han estado encarcelados en distintos centros penitenciarios españoles, donde tomaron contacto entre ellos y con personas en libertad. En las conversaciones que les han sido captadas, se hacía referencia a la necesidad de organizarse y en ellas se utilizaban las habituales expresiones de odio a occidente utilizadas en el ámbito de la «Guerra Santa». Los contactos de la célula se extendían a integristas residentes en otros países como Australia o Estados Unidos y a otros más próximos geográficamente en el continente europeo, explicaron las citadas fuentes de la lucha antiterrorista. Según las fuentes consultadas, todos están relacionados con un argelino, miembro del Grupo Islámico Armado (GIA), huido de España el pasado mes de agosto. Este islamista, que utiliza identidades falsas a nombre de Mohamed Achraf o Mikael Etienne Christian Lefevre, huyó de España el pasado mes de septiembre después de ser detectado cuando reclutaba extremistas islámicos en la zona de La Mojonera, en Almería, con el objetivo de llevar a cabo el atentado terrorista, que estaría diseñado para atacar el triángulo formado por los dos tribunales antes citados y la sede del PP en Génova, según otras fuentes. Al parecer, se iba a llevar a cabo con una furgoneta bomba conducida por un suicida. Todos estos datos llegaron a la Policía en el mes de julio y agentes de la comisaría de aquella capital montaron un dispositivo de vigilancia para tratar de localizar al argelino, cabecilla del plan suicida. Los agentes descubrieron que el islamista había abandonado la ciudad andaluza en dirección a Madrid. La Comisaría general de Información montó entonces un dispositivo para capturarle en la capital, pero el buscado logró zafarse de los agentes y huyó a Navarra. Desde allí, cruzó a Francia y desde este país logró llegar a Suiza en la primera quincena de septiembre. Achraf o Mikael Etienne fue detenido a finales de ese mes por la policía de aquel país a requerimiento de la española. Según informaron fuentes policiales, en su declaración a los agentes suizos negó el plan terrorista que se le atribuye, aunque las detenciones producidas ayer servirán para aclarar si en realidad tenía un plan para llevar a cabo un gran atentado en Madrid o no. Los detenidos en Valencia, que compartían la misma vivienda, están relacionados con una carta en árabe enviada a también a finales del pasado mes de septiembre al diario «Ideal» de Almería. En ella, se amenazaba a los agentes destinados en esta ciudad en la lucha contra el terrorismo islamista. La misiva igualmente extendía sus amenazas de muerte a todos aquellos que colaboraran con ellos en sus investigaciones. La Policía, que no da por cerrada la operación, se centra ahora en investigar la pista de los explosivos que el islamista argelino cabecilla de la trama decía tener para atentar en el corazón de Madrid.

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El Gobierno de Aragón estudia suprimir las "cabezas de moros cortadas" del escudo

MDC (EFE).-El Gobierno de Aragón está estudiando la posibilidad de modificar el escudo que se muestra en la bandera de esta comunidad autónoma para suprimir del mismo las cuatro "cabezas de moros cortadas", un símbolo que recuerda la conquista de Huesca por Pedro I en 1096, y que la comunidad islámica ha pedido que se retire.

El Ejecutivo aragonés podría aprovechar la reforma del Estatuto de autonomía para introducir esta modificación en el escudo que acompaña la bandera autonómica de cuatro barras rojas horizontales sobre el fondo amarillo, en vigor desde 1984, según recoge una información publicada hoy por "Heraldo de Aragón".

Las cuatro cabezas de moro cortadas se encuentra en una de las cuatro divisiones ("cuarteles") del escudo, acompañando a la cruz de San Jorge, que rememora la batalla de Alcaraz.

El propio presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, señala que aunque es un asunto que deberán estudiar los expertos "este momento es ideal no sólo para aumentar el autogobierno, sino también para revisar los símbolos" y aunque no se ha consultado al Consejo Asesor de Heráldica y Simbología, no cree que dicho cambio vaya a suscitar ningún problema. A pesar de que ya se había barajado en alguna ocasión, la supresión de este símbolo ha vuelto a ser tomada en cuenta tras una petición de la comunidad islámica de Zaragoza, cuyo secretario general, Abdel Kader, asegura que las cabezas suponen "una violencia que no llama a la tolerancia ni a la concordia" y que existen otras imágenes, como el agua, que representarían mejor a Aragón.

"Es algo que nos concierne a todos por sensibilidad, y más teniendo en cuenta el fenómeno de la inmigración que necesitamos integrar y favorecer para beneficiar a todos los aragoneses", recalca Marcelino Iglesias.

Algunas voces ya han mostrado su discordancia con esta posibilidad al asegurar que el escudo actual tiene más de cinco siglos, y que en el caso de eliminarse las cabezas, que no van acompañadas de sangre, como ocurre en otras iconografías, se suprimiría toda referencia al mundo islámico, que es también visible en los escudos de regiones como Cerdeña o Córcega. En cualquier caso, la modificación del escudo requeriría un acuerdo mayoritario en el seno de las Cortes de Aragón, lo que se traduce en el respaldo de 45 de los 67 diputados con los que cuenta la cámara autonómica.

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Izquierda Unida reclama al Gobierno que censure a la Iglesia Católica en los medios públicos

En unas sorprendentes declaraciones propias de tiempos que creíamos felizmente pasados, el Coordinador General de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido al Gobierno que censure a la Iglesia Católica en los medios de comunicación públicos por la oposición del Episcopado al proyecto del PSOE de legalizar el 'matrimonio' entre personas del mismo sexo. Es inaudito que una fuerza parlamentaria reclame abiertamente la conculación de los preceptos constitucionales para aquellos que discrepan de sus propuestas. Manifiesta tu protesta a IU por esta actitud antidemocrática y reclama al Gobierno que rechace las declaraciones totalitarias de su socio parlamentario.

En una nota difundida por la Agencia EFE el pasado 12 de octubre, el Coordinador General de IU descalificó la oposición de la Iglesia al proyecto socialista de legalizar el 'matrimonio' gay como "una llamada al desacato que hacen a la sociedad civil", con la cual, según Llamazares, "los Obispos se sitúan al margen de la Democracia".

Es paradójico que el líder comunista considere que ejercer el derecho a discrepar de los proyectos del Gobierno de forma pacífica y dentro de los cauces que marca la Constitución sea situarse al margen de la democracia. Bien sabido es que las nociones de libertades democráticas que poseen Llamazares y sus correligionarios son tan notorias como su apoyo a regímenes dictatoriales afines como el de Fidel Castro en Cuba. Lo sorprendente es que en una democracia consolidada como la española, el dirigente de una fuerza parlamentaria no tenga reparos en pronunciar unas declaraciones tan marcadamente antidemocráticas como las que ha hecho Llamazares, que no conforme con pretender delimitar lo que se puede opinar o no en España, ha pedido al Gobierno que "reconsidere los acuerdos entre el Estado y el Vaticano, así como también la disponibilidad de los medios de comunicación públicos para hacer esta llamada al desacato". O dicho en otras palabras: Izquierda Unida pide al Gobierno que los medios públicos censuren a la Iglesia.

De este modo, IU pretende reinstaurar la censura que se introdujo en España hace más de 70 años bajo la infame "Ley de Defensa de la República" y, como entonces, para acallar las voces críticas de los católicos que pretenden ejercer su libertad de expresión frente a los proyectos del Gobierno.

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ERC pide al Gobierno que "pida perdón" por el fusilamiento de Companys

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Piqué manifestó que el Gobierno central "no debe pedir perdón por el proceso de Companys" porque el fusilamiento "fue el fruto de la decisión de un gobierno autoritario y dictatorial".

17 de octubre. La "cuota de poder" alcanzada por ERC en el tripartito catalán y en el Ejecutivo central ha hecho que su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira, se sienta con patente de corso para "quedarse en las formas" y "exigir" al Gobierno de la nación cosas como que "pida perdón al pueblo catalán" por el fusilamiento de Lluís Companys hace 64 años, olvidándose, sin duda, de que "el pueblo catalán" forma parte de un "pueblo español" que por aquel entonces estaba "gobernado" por un régimen dictatorial, muy distanciado de la actual democracia.

Algo que comparte el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, quien manifestó que el Gobierno central "no debe pedir perdón por el proceso de Companys" porque el fusilamiento "fue el fruto de la decisión de un gobierno autoritario y dictatorial" y "un gobierno nacido de la democracia no tiene por qué asumir cuestiones que son de gobiernos de otras épocas".

Por otra parte, Piqué aseguró que el actual Gobierno tripartito "es un ´menage a trois´ sin enamoramiento", unido por "el amor por la conveniencia de disfrutar del poder", y agregó que el "el PP debe hacer una oposición dura al actual Gobierno catalán pero ofreciendo alternativas".

En este sentido, recordó que el tripartito "es un Gobierno que no gobierna, que no ha aprobado ninguna decisión que beneficie a los ciudadanos" y añadió que "la política catalana está centrada en el debate de los símbolos y no se están tratando cuestiones en profundidad".

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ETA exige a las empresas vascas que quiten el 'fabricado en España'

Al menos una de las compañías extorsionadas ha acatado la exigencia

La operación policial contra ETA en el sur de Francia ha puesto al descubierto una nuevam odalidadd ee xtorsión dela banda, que ha empezado a pedir a las empresas vascas que eliminen de sus productos el fabricado en España.

La organización terrorista pone en marcha una campaña de boicot contra un centenar de empresas que se niegan a pagar

LA VANGUARDIA - 17/10/2004
BILBAO.(Redacción.)

ETA ha enviado en los últimos meses a algunas empresas vascas cartas de extorsión en las que, además de exigirles dinero, se les reclama que eliminen de las etiquetas de sus productos el indicativo fabricado en España. Una de las empresas extorsionadas ha aceptado esta exigencia, según documentos intervenidos en Francia a la organización terrorista a los que ha tenido acceso La Vanguardia. El documento, una comunicación interna entre dirigentes de la banda, indica que la reclamación de que se elimine de las etiquetas cualquier referencia que identifique al producto como fabricado en España se ha efectuado "para respetar la identidad vasca". El escrito informa que ha habido "una respuesta afirmativa" y una empresa cuyo nombre no ha trascendido, "corregirá la mentira hecho en España".

Esta exigencia de ETA se formula en la misma carta en la que se extor-siona a la empresa para que abone determinada cantidad de dinero bajo amenazas de actuar contra ella si no lo hace. La empresa que ha decidido eliminar de las etiquetas la referencia a España ha abonado, además, una cantidad no precisada a la organización terrorista, por lo que se ha abierto una investigación.

En paralelo al envío de cartas de extorsión, que se realiza de forma regular cada pocos meses, la dirección de ETA decidió el pasado mes de marzo poner en marcha una campaña de boicot a un centenar de empresas que se han negado a atender los requerimientos de abonar dinero.

La cúpula etarra acordó elaborar pegatinas y panfletos con los nombres de las empresas a las que pretendían boicotear para difundirlos entre "los amigos" de la organización terrorista. La puesta en mar-cha de esta decisión se retrasó varios meses ya que hasta el pasado mes de septiembre no empezaron a distribuirse los panfletos.

Ésta es la segunda vez que ETA pone en marcha una campaña de boicot contra empresas que se niegan a ser extorsionadas. En el año 2001 la organización terrorista elaboró una lista de setenta y siete empresas, algunas de ellas ubicadas fuera del País Vasco, y la publicó en el boletín interno Zutabe.Durante el año 2003, ETA perpetró catorce atentados contra objetivos económicos, de los que seis estaban relacionados con intentos de extorsionar.

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Doscientos «ilegalizados» asaltan el Ayuntamiento de Andoain

J. A. B.

San Sebastián- Más de dos centenares de personas pertenecientes a las plataformas de la izquierda abertzale ilegalizadas han asaltado esta mañana el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Andoain, gobernado por el PSE. Tras ocuparlo durante una hora mostrando una pancarta contra el «apartheid», lo han abandonado sin que la Ertzaintza hubiese intervenido.

El teniente alcalde de Andoain, el socialista Estanis Amuchástegui, calificó el suceso de «asalto fascista»y anunció que el Ayuntamiento «pedirá las responsabilidades correspondientes a las personas que hayan sido identificadas». En el interior del salón había ordenadores y documentos sobre la auditoría que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas realiza sobre la gestión del Consistorio durante los últimos años.

Los primeros agentes, «cuatro o cinco miembros de la unidad de atestados», llegaron al edificio una hora después del incidentes. «Es absolutamente falso» que la Ertzaintza acudiese «inmediatamente», aseguró Amuchástegui, en contra de lo afirmado por el Gobierno vasco.

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El Gobierno se compromete hoy a anular en un "plazo razonable" el juicio contra Companys

El Gobierno no quiere defraudar a Maragall. El Consejo de Ministros estudiará hoy,día del homenaje a Companys,un informep ara analizar la vía jurídica para anular el consejo de guerra y plasmará su voluntad de hallar soluciones en un plazo razonable.

La vicepresidenta del Gobierno leerá hoy en la Generalitat una declaración institucional sobre Lluís Companys

CRISTINA SEN JAUME V. AROCA - 15/10/2004
MADRID / BARCELONA

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, llegará hoy a Barcelona para asistir en representación del Gobierno al homenaje al president Lluís Companys con un anuncio bajo el brazo que quiere plasmar la inequívoca intención del Ejecutivo de rehabilitar la figura del president republicano fusilado en 1940 buscando las vías jurídicas para anular el consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido. Para ello, en la reunión del Consejo de Ministros que se celebra hoy por la mañana en la Moncloa se estudiará un informe del Ministerio de Justicia en el que se plasman tanto las posibilidades como las dificultades jurídicas para anular este proceso, así como el de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil que también lo han solicitado.

El informe del Ministerio de Justicia abre el camino para intentar buscar las fórmulas más adecuadas para esta anulación pero, evidentemente, el Consejo de Ministros no puede aún aprobar un acuerdo al respecto. Pero si jurídicamente aún no es posible, sí que el Gobierno expresará la voluntad política de iniciar un camino que "en un plazo razonable de tiempo" pueda dar satisfacción a la demanda plasmada en la proposición no de ley aprobada en el Congreso y en la que se insta al Ejecutivo a iniciar las acciones necesarias que permitiesen la anulación del consejo de guerra. Este "plazo razonable" dependerá de las dificultades jurídicas que plantee la revisión.

Además, el informe de Justicia no se ciñe exclusivamente al caso de Companys, aunque éste sea obviamente el de mayor relevancia política. De acuerdo con la decisión del Gobierno de crear, bajo la dirección de la vicepresidenta primera, una comisión para recuperar la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil, Justicia plantea las fórmulas posibles, así como las dificultades, para poder resarcir a todas las víctimas.

La decisión del Consejo de Ministros de abordar hoy esta cuestión tiene el claro mensaje político de respaldo al Govern de la Generalitat, y al president Pasqual Maragall, que el martes asistió al desfile de las Fuerzas . Además la representación del Ejecutivo recaerá en la vicepresidenta primera, que hoy ejercerá durante buena parte del día como presidenta en funciones ya que Zapatero está en Budapest.

La participación del Gobierno en el homenaje que esta tarde se realizará en el Fossar de Santa Eulàlia se estuvo negociando ayer hasta media tarde. Inicialmente el Govern deseaba que fuera en el marco del Consejo de Ministros que se produjera la declaración institucional del Gobierno que finalmente leerá la vicepresidenta del Gobierno en el Palau de la Generalitat a las 17 horas.

Luego el president Maragall y Maria Teresa Fernández de la Vega se trasladarán a Montjuïc donde se celebrará el homenaje al president Companys con el Govern en pleno y en el que se leerá la declaración aprobada en la sesión del ejecutivo catalán que se celebrará por la mañana en el Palau de la Generalitat.

Al acto de Montjuïc asistirán todos los grupos políticos incluido el PP. Sin embargo no estará Josep Lluís Carod-Rovira. Oficialmente a esa hora participará en un homenaje a Companys en su localidad natal, el Tarrós. Lo cierto es que el comunicado de Esquerra Republicana de Catalunya con motivo del homenaje critica al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en la crisis del Govern que desembocó con la salida de Josep Lluís Carod-Rovira de la Generalitat.

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Los partidos vascos votarán en comisión el texto del plan Ibarretxe el 15 de diciembre

LA VANGUARDIA - 15/10/2004

Redacción. VITORIA

Los partidos vascos debatirán en ponencia durante las próximas siete semanas las enmiendas parciales presentadas al plan Ibarretxe y votarán en comisión el texto final el día 15 de diciembre para ser elevado posteriormente a pleno, según el calendario de trabajo acordado ayer por todos los grupos. Este calendario permitirá situar la votación final de la propuesta antes de fin de año.

Los partidos afrontan el debate de las enmiendas parciales con posiciones ya conocidas y parece muy difícil que el tripartito que forman PNV, EA y EB/IU pueda conseguir la mayoría absoluta necesaria para continuar su tramitación. PP y PSE-EE confirmaron que participarán con normalidad en el debate de las enmiendas a pesar de que ambas formaciones no presentaron ninguna. La ponencia que tramita el plan Ibarretxe celebró ayer una nueva reunión después de cuatro meses de parón y cerca de siete meses desde que se votaron las enmiendas de totalidad de PP, PSE-EE y SA.

Esta reunión, que duró menos de media hora, sirvió sólo para fijar el calendario de trabajo para debatir las enmiendas parciales y votar el texto final en comisión. El calendario acordado contempla reuniones semanales los miércoles y ordena el debate de las enmiendas por títulos. En total, se debatirán 135 enmiendas parciales tramitadas por PNV (17), EA (42), EB/IU (69) y SA (7).

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ERC busca sólo que Cataluña sea reconocida como nación

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Aparte del juicio histórico que pueda merecer la figura de Lluís Companys, los independentistas sólo buscan ver al Estado español reconociendo como ente distinto a la "nación catalana".

14 de octubre. Esquerra Republicana de Catalunya, promotora en el Congreso de los Diputados de la controvertida proposición no de ley sobre Lluís Companys, dejó muy claras durante su defensa, el pasado 28 de septiembre, sus intenciones. Las proclamó, en un grandilocuente discurso ante el Pleno, el diputado Joan Tardà i Coma, autocalificando de "histórica" su propia iniciativa parlamentaria. Y por una razón concreta: porque "todo un pueblo, toda una nación, la catalana, está esperando la reparación histórica que esta proposición no de ley propone".

Perdida de forma creciente, a medida que hablaba, la mesura, llegó a manifestar Tardà que "el fusilamiento del president Companys se ha convertido en el Guernica de los catalanes". Y expresó con nitidez absoluta la naturaleza del acto al que se ha prestado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega: "El fusilamiento del president Companys", recalcó el diputado independentista, "continuará siendo símbolo de la derrota de Cataluña hasta que no se haya reparado su condena por un consejo de guerra; el fusilamiento del president Companys será el símbolo del dolor incurable de los catalanes hasta que un solemne acto de desagravio en el castillo de Montjuich, con la presencia de las instituciones representativas del Estado y del pueblo de Cataluña, no selle la reconciliación, sin vencedores ni vencidos, entre nuestros respectivos pueblos; el fusilamiento del president Companys será el símbolo de que el Estado español continua creyendo que tiene el derecho de conquista sobre Cataluña hasta que sus instituciones más representativas no pidan perdón por su muerte".

Durante la tramitación parlamentaria, el PSOE logró convencer a Esquerra de que esa petición de perdón implicaría una continuidad institucional que no podían asumir, de modo que la proposición aprobada se limitó a una simbólica anulación del Consejo de Guerra sumarísimo que en 1940 dictó pena de muerte contra el presidente de facto de la Generalitat.

Transformar la Guerra Civil en una guerra de España contra Cataluña

Las palabras de Tardà en el Congreso, cargadas de un violento guerracivilismo que le recriminó en la réplica el diputado del PP Jorge Fernández Díaz, muestran que la finalidad de ERC (compartida en su espíritu por CiU, IC-EV y PSC) no es reivindicar al bando perdedor en la Guerra Civil, sino reivindicar a Cataluña como bando perdedor ante una España como bando vencedor. Tanto en la tramitación en el Congreso de los Diputados de esta proposición no de ley, como en la convocatoria del acto de Montjuich de mañana, se intenta presentar a "los catalanes" como agraviados por el fusilamiento del presidente de la Generalitat, como si durante la contienda civil hubiesen actuado en bloque, y como si no hubiesen sido catalanes el general Domingo Batet, que sofocó el golpe de Estado de Companys de 1934, y el fiscal que solicitó la pena de muerte contra él por un delito de rebelión militar en 1940. Y como si Lluís Companys hubiese actuado durante la guerra civil como presidente de todos los catalanes, y no persiguiendo a los catalanes del bando contrario al suyo, según el signo de la época.

La gran batalla que se libra en torno a la figura de Lluís Companys no es pues histórica, sino política, aunque utilice como arma la historia. Se trata de afirmar una hipotética identidad catalana agraviada por un fusilamiento, allí donde en todo caso hay un agravio y un enfrentamiento entre catalanes similar al que se dio en todas las regiones españolas durante la Segunda República, la Guerra Civil y la postguerra.

La prueba es que incluso CiU se ha quejado de que el tripartito (llevando en esto la voz cantante ERC) haya preparado los actos de homenaje a Companys invitando antes al Gobierno de España que a los partidos catalanes.

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Maragall impone a Zapatero el desagravio por fusilar a Companys

Elsemanaldigital.com


Fuentes del entorno monclovita insinúan que Maragall vino a Madrid con la condición de que el homenaje a Companys no fuera ignorado por La Moncloa.

14 de octubre.

Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no asistirá mañana en Barcelona al homenaje al ex presidente de Cataluña, Lluís Companys, sí lo hará su segunda de abordo, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. Pese a que ayer negaban de todo punto desde el PSC un "intercambio" como premio a Pasqual Maragall por su presencia en el desfile de la Fiesta Nacional el pasado martes, las fuentes consultadas por Elsemanaldigital.com aseguran que con la asistencia de De la Vega "se premia" el gesto del presidente de la Generalitat.

Sin embargo, con ánimo de no hacer valer el susodicho "intercambio", el portavoz del PSC, Miquel Iceta, explicó ayer que Maragall no acudió al desfile como una forma de asegurarse la presencia del Ejecutivo central en el homenaje a Companys. Es más, dijo Iceta, la presencia del president a los actos de la Fiesta de la Hispanidad han sido valorados "muy positivamente" por la Comisión Ejecutiva de su partido, ya que significa, según sus palabras, "un esfuerzo por respetar los símbolos y las instituciones de unos y otros".

Pero dichas valoraciones no ocultan el interés del PSC por mantener ese tira y afloja en sus relaciones con el partido en Madrid y por ello Iceta no olvidó mencionar la presencia de un representante de la División Azul que calificó de una decisión poco acertada.

Por su parte, el socio de gobierno de los socialistas catalanes, ERC, daba la "bienvenida" a la Vicepresidenta del Gobierno mañana en Cataluña. Su portavoz, Joan Tardá, aludió a la presencia de De la Vega para dejar claro que su formación "no participará en ningún pasteleo que pretenda aguar nuestra reivindicación", en referencia a su histórica petición para que el Estado "pida perdón por el fusilamiento de Companys".

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Maragall convoca el primer encuentro de la eurorregión para el próximo 29 de octubre

LA VANGUARDIA - 13/10/2004

Agencias. BARCELONA

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha convocado para el próximo 29 de octubre la reunión fundacional de la denominada eurorregión, primera cita a la que han confirmado su asistencia los presidentes de Baleares, Aragón y los de las regiones francesas de Midi-Pirineos y Languedoc-Rosellón.

Fuentes del Gabinete del presidente catalán han avanzado este encuentro, que se desarrollará en Barcelona y en el que inicialmente se descarta la presencia del presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Francisco Camps. El mandatario autonómico valenciano ha rechazado públicamente la iniciativa de Maragall. "Porque no es nuestra estrategia y sitúa a nuestra comunidad en la periferia y a Barcelona comoc entro de la eurorregión", ha declarado. Sin embargo, sí que estará presente en el encuentro otro dirigente del PP, el presidente de Baleares, Jaume Matas, quien ya se comprometió a estudiar el proyecto de eurorregión que impulsa Maragall en el último encuentro que ambos dirigentes mantuvieron en Barcelona, en julio pasado.

A la cita también acudirán el socialista Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, y los franceses Martin Malvy, presidente de la región Midi-Pirineos, y Georges Fréche, presidente del consejo regional del Languedoc-Rosellón.De ese modo, Maragall sigue adelante con su idea de "construir institucionalmente" un espacio que representa a los territorios que formaron la antigua Corona de Aragón.

Ahora, el objetivo de Catalunya y del resto de las regiones implicadas en el proyecto impulsado por Maragall será fomentar sus relaciones económicas, sociales, políticas y culturales e incrementar así la competitividad de esta área del sur de Europa, que engloba a 17 millones de ciudadanos. Otro de los objetivos de este ente territorial pasa por hacer frente a la globalización, uniendo esfuerzos en la construcción europea desde una óptica regional.

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De la Vega y Maragall pactan el contenido del homenaje a Companys

CRISTINA SEN - 13/10/2004

MADRID

El Gobierno de España y el de la Generalitat ya tienen hilvanado el contenido del homenaje al president Lluís Companys, que contará en representación del Ejecutivo con la presencia de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Éste fue ayer uno de los temas de conversación que mantuvo con el president Pasqual Maragall durante la recepción que ofrecieron los Reyes en el palacio Real y donde acordaron que el compromiso que asumirá el Gobierno en Barcelona para rehabilitar la figura del president fusilado tras la Guerra Civil irá en la línea de la proposición no de ley aprobada por el Congreso el 28 de septiembre.

Por lo tanto, De la Vega tiene la intención de hacer público el viernes la apuesta del Gobierno por impulsar esta rehabilitación de la figura del president y posiblemente participar en un futuro acto de desagravio, y, asimismo, revisar el consejo de guerra que lo condenó a muerte. La presencia en el homenaje de un alto representante del Ejecutivo era de especial relevancia para el presidente de la Generalitat, quien consideraba que al igual que por primera vez el máximo representante de la Generalitat acudía al desfile del día de la fiesta nacional, también el Ejecutivo debía estar en los actos por el president republicano. De todas maneras, el Gobierno ha solicitado a Maragall unas ciertas garantías de que el viernes el homenaje transcurrirá en los términos pactados, ya que ERC había pedido en el Congreso que el Estado pidiese perdón.

El president asistió al desfile militar y, finalmente, también optó por acudir a la recepción de los Reyes. Pese a la polémica que ha levantado entre sus socios de ERC e ICV su participación en el desfile militar, donde estuvo presente un representante de la División Azul, el president optó ayer por la prudencia y evitó las declaraciones públicas. Pero quedaron dos cosas claras . Por un lado, el presidente considera positivo haber asistido al acto y en su entorno se estima que ya era hora de poner fin a algunos complejos con respecto a la simbología del Estado, especialmente tras el cambio que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero al concepto de España. Pero por otro lado, no le ha gustado la presencia de la División Azul y la polémica que ello ha comportado, aunque optó por no mostrar en voz alta su desagrado teniendo en cuenta que estaba en el palacio Real con todo el Gobierno. Fue el portavoz, Joquim Nadal, el que lo dijo en Barcelona

Los fastos también sirvieron para que Maragall despachase con el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aunque no hablaron de sus desaveniencias, sino de la informática en las escuelas.

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El Gobierno falta a la verdad y multiplica por seis las cifras de homosexuales facilitadas por el INE

Con la intención de respaldar el anteproyecto del Gobierno que pretende la legalización del "matrimonio" gay, el pasado 1 de Octubre María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, mintió al asegurar que en España hay cuatro millones de homosexuales, falseando las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística. Además, y a través del Ministro de Justicia, el Gobierno ha asegurado que ignorará el criterio del Consejo General del Poder Judicial, debido a su posición contraria a la dudosa legalidad de esta medida. Escribe a tus representantes denunciando la actitud abiertamente ilegítima y antidemocrática que ha adoptado el Gobierno del PSOE en su empeño por legalizar el "matrimonio" gay a toda costa.

El Gobierno no ha tenido escrúpulos en multiplicar por seis las cifras de homosexuales ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística en 2003. Además, la Vicepresidenta del Gobierno volvió a mentir al asegurar que "la mayoría de los españoles cree que lo que debe primar en la adopción es el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de sus padres". Según un estudio del CIS de junio de 2004, el 49% de los españoles (frente al 40%) cree que la pareja heterosexual garantiza mejor el bienestar de los niños, y el 77% (frente al 10%) dice que la pareja homosexual no garantiza mejor el bienestar de los niños.

No conforme con escudar en mentiras su proyecto de legalización del "matrimonio" gay, el Gobierno ha decidido además enfrentarse al máximo órgano de gobierno del poder judicial por su disconformidad con esa medida. Así, el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que ignorará el criterio del Consejo General del Poder Judicial ante la seria posibilidad de que los jueces dictaminen la incompatibilidad de los propósitos del Gobierno con nuestra Constitución.

Estos gravísimos hechos, que demuestran un talante escasamente democrático y un comportamiento claramente ilegítimo por parte del Gobierno, vienen a unirse al incumplimiento de los compromisos adquiridos por Zapatero en relación con este proyecto. El Presidente del Gobierno prometió consenso social antes de autorizar la adopción por parejas del mismo sexo y sin embargo no hay tal consenso: la encuesta del CIS de junio de 2004 informó que 52% de los españoles se mostraba contrario a la adopción por homosexuales. Además según una reciente encuesta electrónica de elmundo.es, el 67% de los españoles son contrarios a esta medida.

www.hazteoir.org