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Domingo 16 de mayo de 2004
Honorables intereses
Los revisamos a todos, de la A a la Z
contrastando sus declaraciones notariales con las bases de datos de acceso público. Hay y habrá sorpresas. Juzgue usted. Aquí, la primera decena.
Ana Verónica Peña Nacion Domingo
Los parlamentarios en Chile sólo están obligados a declarar sus intereses -un término bastante vago e impreciso-, porque ningún intento por hacer extensiva esta obligación al patrimonio de cada uno ha prosperado en el Congreso. Tanto la primera vez -cuando se discutió por más de cuatro años la Ley de Probidad Administrativa que se aprobó en diciembre de 1999-, como en la reciente tramitación del nuevo Código de Conducta Parlamentaria, que finalmente no prosperó, la UDI siempre se opuso a que los honorables se vieran obligados a detallar sus pertenencias y deudas.
En un documento publicado en julio de 1999 por Libertad y Desarrollo está la clave de su argumentación: La declaración de bienes no sólo invade la privacidad de las personas sino que genera la sospecha de que la sola posesión de bienes puede ser un indicio de corrupción.
Pero no todos piensan lo mismo. De hecho, la comunidad internacional no vio con buenos ojos la señal. El último informe de la OEA sobre Chile y el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, fechado en febrero de este año, así lo deja establecido al recomendar al país adoptar esta modalidad lo antes posible.
El abogado, fundador y director del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Sebastián Cox, explica a LND que ello es imprescindible para dar transparencia a la función pública, detectar posibles actos de corrupción, dar confianza a la opinión pública acerca de sus instituciones y para que la ciudadanía realice un efectivo control social sobre la gestión pública. A su juicio, de no adoptarse pronto este camino, las instituciones políticas -Congreso incluido- seguirán cuesta abajo en la rodada en lo que a imagen pública se refiere.
El tema no es nuevo. Ya en 1994, la Comisión Nacional de Ética Pública propuso legislar para hacer exigibles tanto la declaración de patrimonio como la de intereses, no sólo al funcionario respectivo, sino también a su cónyuge y a terceros relacionados con aquél. Advertía además que dichas declaraciones deben ser públicas, de manera de poder conocer y sancionar su falsedad. Algo que ya está normado en otros países.
En Estados Unidos, por ejemplo, los parlamentarios deben informar anualmente pagos recibidos por honorarios, bienes que integran el patrimonio, ingresos que no sean remuneración, transacciones, deudas u obligaciones, reembolsos por gastos de viaje y hasta los regalos recibidos. En Alemania se va aún más lejos, porque la legislación exige que la declaración además sea publicada todos los años.
Pero en Chile, no hay caso. ¿Por qué? Quizás ayude a entender, la revisión de los verdaderos intereses económicos de los honorables. Esos que ellos declaran ante notario, pero contrastados con los registros que existen en las bases de datos de acceso público.
El nuevo presidente del Senado, Hernán Larraín, accedió a entregarnos copia de todas las declaraciones, después de que se lo solicitamos por carta. Se le agradece, antes sólo podían ser consultadas en los escritorios de la secretaría.
La Nación Domingo inaugura esta semana una serie de reportajes en que pondrá bajo el escrutinio público, una a una, las últimas declaraciones de intereses de los 48 senadores, fechadas en abril del 2002. El único juicio que se podrá hacer, por ahora, porque el remozado reglamento del Senado no fija sanciones para quienes omitan o falseen información. A lo más, se podrá pronunciar la Comisión de Ética, creada en mayo del año pasado e integrada por cinco senadores. Pero eso tampoco lo sabremos, porque sus sesiones y actuaciones serán siempre reservadas y ningún miembro podrá formular declaraciones, ni plantearlos como materia de debate o darles publicidad, establece el reglamento.
Es cierto. Este escrutinio no agota el tema, pero hay y habrá sorpresas. Eche un vistazo, he aquí la primera decena... en estricto orden alfabético.
AVILA: EL PALADIN DE LA TRANSPARENCIA
En medio de sus despliegues mediáticos en defensa de los más débiles, el ex senador del PPD Nelson Ávila se autodefinió una vez como el paladín de la transparencia. ¿Tanto así?
Bueno, este legislador declaró ante notario no ejercer actividades profesionales ni tener relación con actividad económica alguna. Incluso se jactó públicamente de que su declaración sería una hoja en blanco, cuando se le hizo ver que era el único que no la había presentado en el plazo establecido. Sólo en el ítem menciones u observaciones que estima procedentes, escribió que posee un bien raíz agrícola en cuya administración no tiene injerencia.
Sin embargo, según las bases de datos de conservadores de bienes raíces, Ávila no posee una, sino cinco propiedades cuyo avalúo fiscal, en conjunto, es de poco más de $ 123 millones. Se trata de un Departamento, con bodega y estacionamiento, en Av. Colón de Las Condes; una oficina en San Felipe, ubicada en Merced 565, y un predio agrícola en Rinconada, ubicado en la calle Los Faroles.
Seguramente, este predio es al que se refiere el senador en su declaración de intereses. Pero omitió señalar que allí existen más de 5 mil 500 plantas de uva de exportación que producen cerca de 10 mil kilos por año, pertenecientes a la sociedad Agrícola y Comercial Los Faroles Ltda. Empresa constituida en marzo de 1993, a la que Ávila aportó el 50% de su capital declarado en $ 36 millones y su esposa, Margarita Silva, el resto. En 1999, Los Faroles aumentó su capital a $ 39 millones, mediante el aporte del senador de unos derechos de agua inscritos a su nombre avaluados en $ 3 millones. Desde entonces, Ávila posee el 86,12% de la propiedad de la empresa.
En su declaración de intereses anterior, realizada cuando era diputado por Aconcagua, en noviembre de 2000, Ávila reconoció participación en esta empresa, pero dijo que era sólo de un 50% y sin injerencia en su administración, pero las mismas escrituras consignan que ambos socios actúan como representantes legales.
Agrícola y Comercial Los Faroles, según los registros de Impuestos Internos, está en pleno funcionamiento. De hecho, este año timbró facturas y guías de despacho.
Pero no es todo, entre sus bienes, la empresa es dueña de una oficina en Los Andes, ubicada en Las Heras 431, la misma por la cual la cámara de Diputados pagaba, con fondos públicos, su arriendo como oficina distrital del parlamentario.
En los registros de Dicom, el legislador aparece también con participación en otras dos sociedades. La primera, constituida en agosto de 1989, corresponde de la Corporación de Estudios para la Democracia y el Desarrollo, a la cual aporta el 25% del capital, y en la que participa también el connotado abogado Juan Agustín Figueroa y su suegro, también senador, Enrique Silva Cimma. En octubre del mismo año, Ávila reduce su participación a un 16,66%. Esta sociedad registra término de giro ante el SII con fecha 1 de abril del 2003; es decir, estaba plenamente vigente a la fecha en que senador realizó su declaración de intereses.
La segunda corresponde a Umsucre S.A., creada en noviembre de 1990, fundadora de la Universidad Mariscal Sucre, constituida con un capital de $ 5 millones de pesos, y en la que también participan Ernesto Artigas, Luis Felipe Ferretto y Eduardo Pickering.
El Consejo de Educación Superior solicitó, en enero de 1998, la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de dicha universidad, en consideración a una veintena de irregularidades, entre las cuales destaca que ha sido objeto de reiteradas denuncias públicas y judiciales, producto de incumplimientos de compromisos adquiridos por la institución con sus estudiantes y profesores y por irregularidades académicas y financieras. De hecho, la Dirección del Trabajo multó a esta empresa, el 23 de febrero de este año, por una deuda previsional impaga que se originó en 1994.
A su vez, Umsucre es socia de la empresa Administración y Capacitación S.A. (Amical S.A.), constituida en enero de 1993 con un capital inicial de $ 300 millones, que registra término de giro ante el SII con fecha 30 de abril del 2003, tras haber acumulado 12 o más periodos sin movimiento o no declarados.
Amical registra 18 multas por decenas de planillas de pagos previsionales impagas, que superan el millón y medio de pesos sólo en capital. Al igual que Umsucre, las últimas multas cursadas corresponden a febrero pasado.
Pero Ávila ya había olvidado esta historia.
BOMBAL: ERROR DE CALCULO
El senador UDI Carlos Bombal declara ante notario que no ejerce su profesión de abogado ni tiene participación en alguna actividad económica, pero reconoce la posesión de 105.933 acciones SM Chile serie B, del Banco de Chile.
Sin embargo, se quedó corto. Los registros de diciembre de 2003 de la Superintendencia de Valores y Seguros lo consigan también como inversionista minoritario (menos del 1%) de Unión Inmobiliaria S.A., una empresa del rubro arriendo y explotaciones de bienes inmuebles, propietaria del edificio en que tiene su dirección comercial, ubicado en Alameda 1091, Santiago, avaluado por el fisco en más de $ 3.000 millones.
De acuerdo a las publicaciones en el Diario Oficial, el senador además es socio de la empresa Felipe Edwards Corredores de Seguros Ltda., constituida en diciembre de 1988, cuando Bombal suscribió el 20,66% de las acciones. Si bien no aparece en las últimas publicaciones de la sociedad en el Diario Oficial, éstas tampoco dan cuenta de su retiro de la sociedad.
Bombal es socio de la Constructora Molina Morel 41 Ltda., y Constructora Molina Morel 42 Ltda., ambas constituidas en febrero de 1982. En esta última participa también su esposa, Mónica Molina. La primera es dueña de seis propiedades: cuatro estacionamientos en Guardia Vieja en Providencia; y dos sitios no agrícolas en Panamericana 9970 y 9990, comuna de Quilicura.
Su cónyuge también es socia de las constructoras Molina Morel 43 y 45. Todas son empresas relacionadas de Inmobiliaria Molina Morel S.A., especializada en la construcción en altura y que se enorgullece de difundir que ha construido sobre 550 mil metros cuadrados en su poco más de 50 años de existencia y que, según su publicidad, proyecta, financia, construye y vende. Entre otros modernos edificios, ha construido el Rondizzoni, en la comuna de Santiago, y Los Militares y Hernando de Magallanes, en Las Condes, además de un condominio en Lo Barnechea.
Bombal también posee tres propiedades, cuyo avalúo fiscal alcanza a los $ 145 millones y fracción, que corresponden a un local comercial en Recoleta, una casa en Av. Bilbao y otra en calle Piedra Roja, ambas en Las Condes.
Un pequeño gran descuido ¿no?
CANTERO: EL PRINCIPE CONSORTE
El RN Carlos Cantero, integrante de la comisión de ética y uno de los promotores más entusiastas del nuevo Código de Conducta que sus pares nunca aprobaron, en su documento notarial reconoce actividades profesionales como geógrafo y consultor, además de la participación en la Minera Brickley y Cía. Ltda. y en Geoandes S.A., pero no hace mayor especificación al respecto.
Efectivamente, Cantero aparece en los registros del SII con iniciación de actividades aún vigente, pero no sólo como geógrafo o consultor, sino también como contribuyente en Primera Categoría en el rubro transporte terrestre de pasajeros. Claro que no ha timbrado boletas de ventas y servicios desde 1989 y facturas desde 1991.
En todo caso, esto de transportar gente por tierra es un rubro que su esposa, Mónica Barrios, conoce a la perfección, porque es socia de varias empresas del sector.
Partiendo por Flota Barrios Hnos. Ltda. (donde posee el 11,1%), empresa familiar constituida hace más de 30 años con un capital suscrito de $ 180 millones, actualizado a 1993. Además posee el mismo porcentaje de la propiedad de Servicios Integrales de Reparación y Mantenimiento, Sercabus Ltda., creada más o menos en la misma fecha y por los mismos socios, con capital actualizado a 1990 de $ 27 millones. Es dueña del 12% de Flota Barrios Agencias Comerciales Ltda., de la misma familia, constituida en noviembre de 1986 con un capital de $ 125 millones que aumentó en 1990 a casi $ 590 millones; y tiene el 33,3% de Inversiones TH Ltda., constituida en el 2001, con un capital de $ 9 millones.
Mónica Barrios es además la representante legal de Barrios Rossi y Cía. Ltda. (80%), una empresa del rubro vivienda y decoración que posee un exclusivo local en Antofagasta con el nombre de Andes Taira, constituida en el 2001 y en la cual el otro socio es su hijo, Pablo Cantero Barrios.
Por su parte, las dos empresas en las que participa el parlamentario son de reciente data. Inversiones Geoandes aparece en el Diario Oficial constituida en agosto del 2000, por Cantero (35%), su esposa (25%) y Claudio Darrigrandi (40%), con un capital inicial de $ 20 millones, siendo el matrimonio su representante legal.
Minera Brickley, en tanto, se fundó en julio de 1994, con un capital inicial de $ 10 millones, aportados por el senador (25%), Octavio Brickley (50%) y Manuel Cavada (25%), empresario que posee una planta de Revisión Técnica tipo A en la misma región, en la ciudad de Chuquicamata. Brickley es dueña de decenas de pertenencias mineras.
La revisión arroja que el senador y vicepresidente de RN no posee más intereses económicos que éstos y dos propiedades de uso habitacional, ubicadas en Antofagasta y avaluadas en conjunto en poco más de $ 75 millones. Con lo que tiene su esposa, ni falta le hace.
CARIOLA: EL EMPRESARIO DEL SENADO
Desde su llegada al Senado, en 1998, la apreciación pública siempre ha considerado al UDI Marcos Cariola como el más pudiente de la cámara alta. Y al parecer, no hay error.
Cariola reconoce en su declaración de intereses la participación en actividades económicas relacionadas a los rubros agropecuario, forestal, frutícola, industrial (vidrio, madera y derivados), comercial (productos del mar, feria de ganado), turismo aventura e inmobiliario. Y, en el ítem actividades profesionales, se define como abogado, asesor de empresas. Pero no entrega ningún detalle.
Según datos públicos, sólo como persona natural, Cariola posee 21 propiedades avaluadas en $ 938 millones y fracción, 12 de las cuales se ubican en Las Condes y corresponden a departamentos, bodegas y estacionamientos; dos en Lo Barnechea; un departamento y su bodega en calle Nueva La Parva; dos departamentos de uso comercial en Providencia; una casa en Vitacura; un sitio en Santo Domingo; dos propiedades agrícolas en Puyehue y una casa en Osorno.
En las bases de datos de la Superintendencia de Valores y Seguros, Cariola aparece como accionista minoritario (menos del 1%) de Comercial e Industrial La Viña S.A.; Tres Mares S.A.; y Unión Inmobiliaria S.A.
De acuerdo con los registros del Diario Oficial, participa en otras 26 sociedades. Entre ellas, destaca su estudio jurídico, creado como Cariola y Cía Ltda. y convertido después de una fusión en Cariola, Diez & Pérez Cotapos, en el cual no ejerce, pero se desempeña su hija María Gracia.
El estudio ofrece servicios, entre otros, en los ámbitos antimonopolio, bancario y financiero, energía, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera, medio ambiente, minería, pesca y acuicultura, seguros, telecomunicaciones, transporte e infraestructura y tributario. Estos, por cierto, incluyen la representación de sus clientes ante las autoridades competentes en cada área, según reconocen en su propia página web. El bufete también emite para sus clientes un boletín de análisis de las nuevas leyes que afectan a los distintos sectores productivos, como la Ley del Consumidor o la de Mercado de Capitales.
Entre las 26 sociedades en que participa el senador, también está Inversiones Mc y Mc, entidad que en 1996 declaraba un capital de 3 mil 540 millones de pesos, y de la cual Cariola es dueño del 99,38% de las acciones. Esta empresa, entre otros, es socia minoritaria (menos del 1%) de CMPC y de la Cía. General de Electricidad. Inversiones Mc y Mc además posee el 0,1% de la sociedad Inversiones Los Puentes Ltda.; el 99,9% restante pertenece al senador.
Cariola no se anda con chicas. Entre las últimas empresas que constituyó, está Asesorías Legales y Económicas Ltda., en la cual comparte sociedad sólo con su hija y que se inició en septiembre del 2003 con un capital de $ 2 mil 222 millones. Otros $ 100 millones sirvieron para iniciar Inversiones C y C Ltda., de la cual el parlamentario posee el 99%. Esta sociedad, a su vez, hasta febrero de 1988, era dueña del 3,26% de la Sociedad Pesquera Taiyo Chile Ltda., que declaraba un capital de $ 765 millones y fracción.
Ufff
realizar un escrutinio acabado de las relaciones comerciales de Cariola para determinar el alcance de sus intereses resulta agotador y casi imposible. Pero él nos da una ayuda. En su página web cuenta que es presidente y gestor de la creación del grupo económico Inversiones Pathfinder S.A., controlador de empresas tales como Masisa S.A.; Forestal Tornagaleones S.A.; Portuaria Corral S.A.; Pesquera Eicomar; Agrofruta; Eicosal S.A.; y Vidrios Lirquén S.A.
Además, informa que es director de empresas tales como Campo Chileno S.A.; Iansagro S.A.; Empresas Iansa S.A.; Textil Viña S.A.; Gasco S.A.; Metrogas S.A.; Gas Andes S.A.; Nestlé S.A.; Carrefour S.A.; Inmobiliaria Sto. Domingo S.A.; Banco OHiggins; además de otras empresas bancarias, financieras, industriales y comerciales.
En el área agrícola, en la misma página reconoce la propiedad de predios ganaderos de la X Región, pero los registros del Diario Oficial lo identifican también como socio de la empresa forestal Agrícola Roblepellín S.A.
Pese a este amplio abanico de intereses, Cariola nunca se ha inhabilitado para votar un proyecto en virtud de sus intereses privados, los de sus empresa o los de sus clientes, aunque el reglamento interno del Senado así lo establece en su artículo 8º.
Es más, ha participado activamente en la comisión de Agricultura, que actualmente preside, y en donde, entre otros proyectos, se analizó la ley que estableció incentivos al sector y prorrogó por diez años la ley de riego; y la que fijó salvaguardias que permiten imponer sobretasas arancelarias en determinadas circunstancias. A la misma comisión le corresponde afinar el proyecto que establece la protección del bosque nativo.
A su favor, se puede decir que la redacción del artículo 8º es tan amplia, que la interpretación queda a conciencia de cada legislador.
¿Dónde está la de Cariola?
CHADWICK: EL UNIVERSITARIO
El vicepresidente de la UDI y ex presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Andrés Chadwick, en su declaración de intereses se limitó a consignar sus actividades como profesor de Derecho y su participación en una empresa de carácter familiar identificada como Inversiones Chaco S.A., la que -agrega- participa en otras sociedades anónimas cerradas de carácter familiar: Inmobiliaria La Viña S.A. y Agrícola La Viña S.A.
Efectivamente, Inversiones Chaco es una empresa familiar, en la que Chadwick comparte propiedad con su esposa, María Victoria Costa, y que es dueña de un inmueble habitacional en Vitacura, cuyo avalúo supera los $ 190 millones.
Pero lo que el senador no informó fue su relación con la empresa Copra S.A., en cuya constitución participó, en mayo de 1986, junto al saliente timonel UDI Pablo Longueira; el miembro del Tribunal Supremo del mismo partido, Andrés Serrano; el vicerrector académico de la Universidad Andrés Bello, Luis Fernández; y el prorrector y secretario general de la misma casa de estudios y además samurai de Lavín, Luis Cordero.
Por ser una sociedad anónima cerrada, Copra nunca más volvió a hacer públicos los nombres de sus socios; pero sí dejó huellas de con quiénes y para qué se asoció.
En efecto, Copra aparece como socia de otras ocho empresas. La relaciones entre éstas y sus respectivos socios -en donde también aparecen otras sociedades inmobiliarias vinculadas al senador Chadwick y otros militantes de su partido- es demasiado intrincada y agota la paciencia.
Pero para que se haga una idea de por dónde va la cosa, basta que sepa que Copra es socia del Instituto Preuniversitario Andrés Bello. Este, a su vez, aparece como socio del Centro de Formación Técnica AIEP, del Instituto Profesional AIEP; y de la Sociedad Educacional Educares. Loable función, porque los centros educacionales, en su calidad de corporaciones sin fines de lucro, no generan utilidades... Estas, es sabido, van a parar a las dietas de los miembros del directorio y a los dueños de los inmuebles que sirven de sede.
Y da la casualidad de que Copra también es una de las dueñas de la Sociedad Inmobiliaria Andrés Bello, que es la única socia del Preuniversitario en la propiedad de esos centros de estudios. Pues bien, esta sociedad inmobiliaria tiene inscritos a su nombre ocho inmuebles con destino educacional, en calle República, Grajales y Echaurren, en Santiago, avaluados en más de $ 2 mil millones, en tres de los cuales tiene sede la Universidad Nacional Andrés Bello.
Chadwick también omitió informar su participación en otras cuatro sociedades inmobiliarias: dos que llevan el nombre de Las Palmas Ltda. pero poseen RUT distintos; Santa Rosa Ltda. (que también usa el nombre de San Martín de Porres y posee dos propiedades en Vitacura); y Hernando de Aguirre Ltda. Todas tienen término de giro en el SII, pero con fecha 30 de septiembre de 2003; es decir, cinco meses después de que Chadwick firmó su última declaración de intereses. LND
